El problema real de ese modelo es que parte de premisas falsas.

Se supone que salvará a aquellas mujeres que trabajan como prostitutas de los monstruosos clientes que pagan por violarlas pero, de entre todas ellas, las únicas que necesitan ayuda en ese sentido son las que están siendo activamente obligadas (víctimas de trata o de abuso, últimamente han salido datos que estiman que en España serán de entre el 10% y el 20% del total de mujeres que se dedican a ello).

Del resto, aquellas que ejercen obligadas por las circunstancias (sin otro trabajo trabajo y con una familia por alimentar, por ejemplo) probablemente lo dejarían si encontraran un trabajo con un sueldo digno... pero no hay previsión de hacer nada para incentivar los sueldos dignos, claro.

Y, por último, a aquellas que eligen el trabajo sexual pretenden obligarlas a dedicarse a otra cosa por falta de clientes. Sin alternativas, sin opciones más allá de proporcionar formación básica para la realización de trabajo no especializado en sectores con sueldos especialmente bajos como el servicio doméstico.

Y todo ello aderezado de paternalismo e invalidando la voluntad y la capacidad de decisión de mujeres que están más que acostumbradas a demostrar que pueden valerse por sí mismas.

El problema de este gobierno es que no aprenden con los errores ajenos. En Estados Unidos es ilegal la prostitución, tanto el cliente cono la prostituta son delincuentes sexuales, y no creo que haya muchos países desarrollados con la tasa de prostitución tan alta como la de Estados Unidos. De esto se puede deducir que el sistema de criminalizar a cliente y/o prostituta no funciona.
Pero claro, para llegar a esta conclusión habría que pensar un poco, y eso se escapa de sus posibilidades.